Wednesday, June 26, 2013

El mal llamado Derecho al Olvido

ACTUALIZACIÓN: el 13 de mayo de 2014, casi un año después de escrita esta entrada, el TJUE dicta su sentencia, apartándose radicalmente de la opinión del abogado general que más abajo se cita. Me parece una pésima sentencia, para el derecho a saber, como se dice, The Solace of Oblivion: In Europe, the right to be forgotten trumps the Internet (Jeffrey Toobin, Sep 29, 2014)

La reciente opinión del abogado general del TJUE (caso Google vs AEPD) ha vuelto a poner en el candelero el mal llamado derecho al olvido.

Una de las cosas que se reclama en el procedimiento español que da lugar al proceso europeo donde esa opinión se ha manifestado es, en esencia, y parodiando el caso concreto, lo siguiente:  si usted da un golpe de estado, lo pillamos y lo metemos unos años en la cárcel, usted reclama el derecho a exigirnos a los demás que nos olvidemos de lo que hizo e incluso que no lleguemos a saberlo, al impedir que los buscadores de internet nos dirijan a las páginas de los periódicos en las que en su día se dio noticia de sus actos, juicio y condena; podría incluso impedir que los buscadores nos dirigieran a las mismas actas del juicio, por más que la justicia se hubiera impartido lícita y públicamente en nuestro nombre.

Por supuesto, la razón de fondo que se alega como subyacente a tal pretendido derecho es que usted, después de hacer lo que hizo luego se volvió bueno (o al menos no ha vuelto a dar un golpe de estado del que nos hayamos enterado) y ya no le conviene y no tiene por qué soportar que nosotros nos acordemos o sepamos lo que hizo, no vaya a ser que le miremos mal aun después de que usted se haya reformado e incluso lleve escapulario y cumpla otras penitencias, algo a todas luces inadmisible, ¡adónde vamos a parar!

Para que una pretensión tan ridícula pudiera no ya plantearse sino avanzar e incluso prosperar era imprescindible que la sociedad en la que la misma surge haya perdido el norte del todo: no solo que quien eso pretende ande desnortado o sea un desahogado (oiga, que quien no llora no mama), sino que los mil y un órganos y normas sociales que nos hemos dado para mejor convivir, y las personas que hemos de usarlos y aplicarlas en nuestro bien, vivamos en un estado de estupefacción tal que con mucha prosopopeya y sin el menor sentido del ridículo, incluso con orgullo, exhibamos alegremente nuestra confusión entre las témporas y el derrière.

Aunque el abogado general argumenta jurídicamente por qué esa pretensión debe descartarse, lo que más me ha asombrado es que el asunto le ha parecido complejo de elucidar ("La pléyade particularmente compleja y difícil de derechos fundamentales que presenta el caso de autos...", dice en el párrafo 133 de su opinión). Yo lo habría rechazado de plano, sin más concesiones ni elucubraciones, con un más que merecido ‘ande, váyase usted a freír espárragos’. Pero no. El insoportable entramado legislorreico que con alegría digna de mejor propósito nos hemos dado ha obligado al señor abogado general, y a otros muchos, a hincharse de palabras y conceptos incomprensibles para decir lo que ni se tendría que haber dicho, que un buen sopapo a tiempo evita luego muchos males.

Como señaló la Escuela de Fránkfort en la primera mitad del siglo pasado, y La Biblia (Evangelio de San Juan, 1:1-13) más de dos milenios antes, lo primero es el verbo. Siguiendo esa enseñanza, la ingeniería social desde arriba (esto es, ejecutada por las élites ilustradas con los boletines oficiales y las cátedras en las manos, y no por el cotidiano desarrollo de nuestras vidas), tan en boga desde hace demasiado tiempo, y otras ingenierías tanto o más sofisticadas que la anterior se pusieron manos a la obra para distorsionar las palabras y los conceptos que con las mismas se pretenden transmitir, de manera que la plebe traguemos carros y carretas y encima aplaudamos, con las orejas, claro está, pues la confusión con que se nos ha inundado hace deseable cualquier indicación ‘ilustrada’, y necesariamente simplona y salvadora, para ‘mejorar’ nuestras vidas (¡uy que alivio!, esos que saben mucho dicen que eso es lo mejor para nuestro bien; yo es que entre tanto lío no me aclaraba para nada).

El abuso de esa técnica ha conducido a que las palabras, sobre todo las importantes, apenas signifiquen nada, pues el uso que se les da se aparta esencialmente del concepto que las mismas querían expresar hasta el punto de hacerlas decir justo lo opuesto de lo que en apariencia indican. Vamos, que en vez de aclarar confunden.

El mal llamado derecho al olvido es uno de esos casos. En realidad, quienes abogan por el ‘derecho al olvido’, como derecho de la persona, lo que en realidad reclaman es su derecho a obligar a los demás a olvidarse o no conocer lo que ellos hicieron, bueno o malo, aunque su publicación hubiera sido lícita.

No reclaman su derecho a olvidar (que nadie les niega y, en todo caso, ya me dirán ustedes cómo se come eso, como no sea a base de litronas a tutiplén desde la más tierna infancia, para eso de favorecer la oxidación acelerada de nuestras células) sino que en realidad reclaman el derecho a imponernos a los demás que nos olvidemos (otra vez, ¿cómo se hace eso?) o no lleguemos a conocer lo que hicieron, bueno o malo.

Y encima aún no está claro cómo se resolverá el asunto finalmente, que todavía podemos llevarnos sorpresas. Cosas veredes, amigo Sancho.
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